La Relatoría Especial de las Naciones Unidas, en el 33er período de sesiones, presentó el Informe sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, relativo a su misión a El Salvador, llevada a cabo del 18 al 29 de abril de 2016.
Durante su estadía en El Salvador, la Relatora Especial recibió múltiples informes según los cuales, en el contexto de la violencia cada vez más generalizada de las maras, existían prácticas análogas a la esclavitud que se manifestaban de varias formas.
Una de esas prácticas, indica el informe, consiste en la esclavización de mujeres jóvenes y niñas.
La Relatora Especial fue informada de la existencia de niveles extremadamente altos de discriminación de género y violencia ejercidas por las maras sobre las mujeres. Indica el informe, agregando que existe una práctica entre estos grupos criminales que obligan a mujeres jóvenes y a niñas a convertirse en parejas sexuales de miembros de las maras.
Aquellas que se niegan a ello pueden ser objeto de severas represalias, como el asesinato de toda su familia o amenazas en ese sentido.
Según las descripciones de los interlocutores presentadas a la Relatora Especial de Naciones Unidas, una de las formas más comunes de explotación sexual o de otra índole por extorsión consiste en forzar a esas mujeres o niñas a prestar servicios sexuales a miembros de las maras encarcelados.
Al parecer, los miembros de las maras amenazan a las mujeres y sus familias con recurrir a actos de violencia o con matarlas para obligarlas a realizar visitas conyugales periódicas a líderes y miembros de las maras que se encuentran en prisión. En muchos casos, las mujeres también se ven forzadas a introducir teléfonos y armas en las cárceles de manera encubierta, señala el informe.
Agrega el informe de Naciones Unidas, como a algunas niñas de corta edad escolarizadas les dicen que han sido seleccionadas como “obsequio” para el líder de una mara, detallando el caso de una madre de niñas de corta edad que dijo a la Relatora Especial que no permitiría que sus hijas asistieran a la escuela secundaria por temor a que acabaran cayendo presas de las maras que buscaban niñas en las escuelas.
La Relatora Especial señala en su informe las medidas legislativas que se han adoptado para robustecer las disposiciones relativas a las visitas en las cárceles que figuran en el capítulo III de la Ley Penitenciaria de 2015 de El Salvador, incluida la facultad para suspender las visitas en las cárceles y realizar controles para comprobar el estado civil de quienes soliciten visitas conyugales.
La Relatora Especial celebra esa disposición, como una forma de prevenir este tipo de esclavitud sexual, sin embargo informa que hasta la fecha, miembros de las maras podían recibir la visita de mujeres víctimas en las cárceles sin que se procediera a una supervisión y reglamentación suficientes.
Por consiguiente, la Relatora Especial insta al Gobierno de El Salvador a velar por la aplicación plena y efectiva de las disposiciones pertinentes de la Ley Penitenciaria de 2015.
La Relatora Especial también recibió información según la cual se habían observado en el país otras prácticas análogas a la esclavitud sexual entre los miembros de las maras. Por ejemplo, vino en conocimiento de casos en los que miembros de las maras habían invadido el domicilio de mujeres, desalojado o matado a los hombres del hogar y obligado a las mujeres a trabajar en condiciones de servidumbre doméstica y sexual.
La Relatora Especial también recibió datos sobre prácticas análogas a la esclavitud a las que las maras habían sometido a niños y otras personas reclutándolos por la fuerza en sus estructuras.
Según se informa, las maras buscan niños de corta edad por el hecho de que, al no haber alcanzado aún la edad de responsabilidad penal, son menos vulnerables a ser enjuiciados. Al parecer, esos niños son reclutados en sus escuelas y comunidades.
Las maras recurrían a la violencia y a las amenazas de violencia contra los niños y sus familias para forzarlos a incorporarse en las maras y realizar actividades delictivas, como observar los movimientos de la policía, recaudar el dinero exigido mediante la extorsión y transportar drogas. Indica el informe.
Según la Relatora Especial, la participación forzada en las actividades de las maras también afecta a las mujeres. En más de una ocasión, se informó a la Relatora Especial de que una vez que los niños y las mujeres eran reclutados por la fuerza en las estructuras de las maras, no tenían posibilidad alguna de salir de ellas, por lo que permanecían atrapados en situaciones peligrosas, de explotación e inhumanas.
La Relatora Especial afirma en ese informe, estar alarmada por esos informes y cree que se trata claramente de prácticas contemporáneas de la esclavitud.
JESSICA SÁNCHEZ: «LAS MARAS Y PANDILLAS EN LOS TERRITORIOS, ASÍ COMO OCUPAN LA CALLE, ASÍ OCUPAN LAS MUJERES».
Jessica Sánchez, escritora y feminista, es directora del Grupo Sociedad Civil. En septiembre pasado fue, en representación de la sociedad civil hondureña, al 73° período de sesiones de las Naciones Unidas. Allí habló en reclamo por los más de 4,000 femicidios registrados en el país los últimos nueve años, de la violencia sexual que sufren las mujeres en el contexto de violencia generalizada en la región centroamericana, de las mutiladas, las que tuvieron que huir de sus casas, las expatriadas, las desplazadas, las migrantes; exigió además la aprobación de la normativa sobre las Casas Refugio para mujeres sobrevivientes de violencia, asumidas por el Estado, como paso necesario para prevenir los femicidios, así como caminar en la adopción de una Ley Integral para las mujeres, la despenalización del aborto por 3 causales y la adopción de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad.
En esa misma Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Juan Orlando Hernández habló también de femicidios, pero desde otro ángulo.
Según el mandatario en Honduras las maras, pandillas y narcotraficantes son “los principales” violadores de los derechos fundamentales como la vida, el derecho de acceso al trabajo, la educación y derechos económicos.
«Me parece que Naciones Unidas debe reflexionar y reinsertarse en su rol. (…) El narcotráfico en la región de Colombia, México y Estados Unidos, afecta tremendamente la vida de nosotros los centroamericanos, la mayor tragedia en pérdida de vidas humanas que ha tenido Honduras es consecuencia del tráfico de drogas.» Dijo Hernández en su exposición en la Asamblea General de la ONU.
Cuando me comuniqué con Jessica para expresarle mi interés de hacer una entrevista con ella hablando de su viaje a Nueva York en el contexto de lo expresado por el presidente Hernandez, su reacción fue, en el mismo todo de las organizaciones que defienden los Derechos Humanos en honduras, condescendiente: «Es ridículo eso», dijo. Pero cuando compartí con ella lo expresado en el informe de la relatoría Especial de Derechos Humanos en su visita a El Salvador, su postura inicial cambió.
En esta entrevista con Jessica Sanchez hablamos de Derechos Humanos, de la discusión que se inicia en torno a si debe o no incluirse a las Maras y Pandillas como violadoras de los DDHH y, según sus palabras, de la trampa que esto podría representar. Hablamos de violencia estructural contra las mujeres, de violencia machista intrafamiliar, de la respuesta insuficiente del INAM y de la necesidad de discutir el tema por el bien de las mujeres hoy sufren violencia.
Jessica Sanchez: «Yo fui como representante de sociedad civil en una iniciativa de la Unión Europea y Naciones Unidas para erradicar y combatir la violencia contra las mujeres en el mundo, un fondo para combatir en diversas continentes los tipos de violencia contra las mujeres. Por ejemplo en África hay violencia sexual por todo el tema de mutilación femenina genital y en América Latina se definió que fuera femicidio, por los altos índices y fueron escogidos los tres del triángulo norte, el Salvador, Guatemala y Honduras, México y Argentina. Siempre la violencia contra las mujeres ha sido como marginal.»
—En el Triángulo Norte vemos un aumento bastante significativo en los últimos diez años en cuanto a violencia en contra de las mujeres y particularmente muertes violentas y femicidios ¿A qué se debe según en los estudios que ustedes tienen ese tipo de aumento en estos incidentes?
JS: «Dos factores básicos, primero creemos que este tipo de crímenes pasaban antes pero como no se hablaba de violencia contra las mujeres entonces se perdían en el anonimato. Nadie hablaba del tema, nadie lo exponía, era como muy normal incluso en nuestro código penal, hasta hace poco relativamente era válido asesinar a una mujer si el esposo la encontraba en una infidelidad o sea, matarla ahí en la casa era algo permitido por la sociedad.»
«Una segunda teoría es que las mujeres cada día estamos negándonos, rebelándonos ante ese papel que nos ha impuesto la sociedad de mujeres sumisas, de que debemos estar en la casa: más mujeres en las calles más mujeres opinando, más mujeres revelándose ante el sistema, más mujeres enfrentándose a la policía..»
«Me preguntaban ¿y por qué ahora agreden más a las reporteras? porque ahora están mas en las calles, antes se dedicaban más a ser presentadoras, a arreglarse bonito, entonces eso ha incrementado más los niveles de riesgo. O sea, que ya no nos quedemos calladas, que estemos también desempeñando un papel crítico dentro de la sociedad a diferentes estratos tanto las que son digamos críticas que son feministas, pero otras que no son feministas y que están en espacios bastante polémicos o que tienen que ver con corrupción, que tienen que ver con asuntos de estado..»
«Y por otro lado también muchas de las mujeres que son asesinadas o las que tenemos registro, son mujeres amas de casa, son mujeres obreras trabajadoras y eso te muestra la inoperancia del Estado. Hace poco hubo un caso de una muchacha que el marido la mató y le fue a decir a la mama que ahí se la tenía, que le llevara el ataúd; esa mujer había puesto cuatro denuncias de violencia doméstica. Muchas mueren por la ineficacia de los operadores de justicia en aplicar la ley de violencia hacia las mujeres.»
—Hemos visto un cambio, por ejemplo en la constitución en el rol de las mujeres adentro de las maras y pandillas, ha cambiado también el nivel de violencia que reciben las mujeres.
JS: «Hay varios actores, están las maras y pandillas en los territorios, que así como ocupan la calle, la tierra, así ocupan las mujeres. Las mujeres son propiedad de ellos (los pandilleros) y eso no solo ahorita, es de más o menos la década de los dos mil. Las chicas que son captadas por la pandilla o más bien secuestradas por las maras y pandillas son sometidas muchas veces a trata, explotación sexual o tienen que hacer labores de cuidado, labores que tienen que ver con venta de droga, ese tipo de cosas, pero también y no quiero dejar de mencionar a las grandes transnacionales, a las grandes empresas que ocupan el territorio por ejemplo, nosotras tenemos testimonios de mujeres garífunas y está documentado, que al llegar una empresa transnacional X turística, minera no sé qué, incrementan las violaciones hacia las mujeres y hacia las niñas porque vienen estos extranjeros y hacen trata con las chicas de las comunidades, o sea en cualquier contexto que vos lo veas la mujer es el territorio a ocupar y a través de la violencia sexual muchas veces.»
—Como el aumento de la prostitución...
JS: «Exactamente, o como en Palmerola hace mucho tiempo. El cuerpo de la mujer es como el bien que esta ahí, que se puede ocupar inmediatamente y que se puede transgredir y violar, o sea el tema del acto sexual y visto desde nuestra cultura es un elemento de apropiación..»
«Varias mujeres en el mundo nos estamos revelando a eso, y eso te deja la puerta para el femicidio. Ahora ya no se habla de femicidio, se habla de femigenocidio o sea que a medida que las mujeres nos negamos cada vez más a aceptar, por ejemplo una violación o un mandato de cualquiera de estos actores de crimen organizado, porque también estamos hablando de narcotráfico, o sea, en muchas regiones al jefe del narco le gustaba la chica tal porque la miraba pasar y la rapta y se la lleva y la familia no la vuelve a ver, o con suerte la vuelve a ver dentro de mucho tiempo. Al negarse estas mujeres o al huir ha aumentado dos cosas, ha aumentado el femicidio y ha aumentado la migración, el desplazamiento forzado.»
«En el PNUD hicimos un diagnostico, una mirada de la seguridad ciudadana de las mujeres creo que en el 2014, muchas mujeres decían “nos vamos para proteger a nuestras hijas.” Y aquí no estamos hablando de las desaparecidas, porque nuestro país ni siquiera tiene normativa para las desaparecidas que no sean políticas, estas son desaparecidas porque se las llevaron y las familias no las volvieron a ver, porque la asesinaron y la pusieron en una fosa común. Nosotras creemos, porque se han descubierto fosas comunes de mujeres en San Pedro Sula, Choloma, se está hablando ya de un “campo algodonero” como en Ciudad Juárez en México.»
«Lo que hemos encontrado nosotras es que hay mucho miedo, hay mucha incapacidad tanto de los operadores de justicia como de la persona que está en terreno, por las capacidades que tiene no solo las maras y pandillas el crimen organizado. Te pongo un ejemplo, en una de las investigaciones en Santa Bárbara encontramos que los jefes del crimen organizado tenían reclutadores que empezaban a ver a las chicas desde niñas para posibles capturas, como posibles secuestros. Eso nos asombró, porque eso solo lo habíamos visto en México. Cuando la niña alcanza 14 o 15 años, generalmente chicas de bajos recursos, se las llevan. Vemos en la prensa salir “desaparece chica en Santa Bárbara, en la gasolinera de Trinidad la vieron y después no la volvieron a ver”. Esa incapacidad del estado de no poder abarcar, no ha priorizado hasta hoy el problema de la violencia contra la mujer y esto se está comenzando a desbordar; segundo, sí hay maras y pandillas pero como te digo hay otros sectores que no se están tocando, tienen que ver con el narcotráfico y crimen organizado, tiene que ver con presencia extranjera, con transnacionales o sea ya es creo que va a ser una discusión interesante cuando Naciones Unidas diga si las maras y pandillas son violadores de Derechos Humanos.»
«La discusión se va a generar en el marco de los Derechos Humanos, pero también la estructura misma del estado no da más; por ejemplo, Julissa Villanueva de Medicina Forense, ella misma dice “yo cuento con pocos médicos forenses a nivel nacional” ¿qué haces vos con menos de diez forenses a nivel nacional, la mitad se quiere retirar y ella ha dicho en foros “yo veo llego, veo el cuerpo lleno de semen, desnudo, violado y no se registra y yo confronto al médico forense y me dice, no mire es que eso ya pasó, es que la familia solo la quiere enterrar!” Esos son casos que no se registran, no hablamos ni siquiera de técnicas forenses, estas chicas desaparecidas ¿cómo desaparecieron? ¿con qué lesiones? y las familias ante la inoperancia o la ineficacia del Estado, lo único que quieren es cerrar el capítulo ¡denme el cuerpo la voy a enterrar y se acabó!.»
«El tema no es tanto para nosotras las cifras sino cómo se puede evitar el dolor de las familias, el darles cierto tipo de justicia que aquí no estamos hablando de justicia restaurativa, el Estado tiene una responsabilidad con las familias de esas chicas que han muerto de esa forma y no solo con ellas, aquí no estamos hablando de las sobrevivientes de femicidios, de todas aquellas mujeres que son mutiladas, que quedan sin brazos, que quedan sin piernas, que quedan con la cara destrozada; nosotros tuvimos un caso de una chica que le destrozaron la cara a pedradas le sacaron un ojo y como estuvo viniendo de Intibucá, los agresores llegaron a tal grado de amenazar a la chica y la familia de la chica, le dijeron “bueno si ustedes no paran con el tema del seguimiento vamos a seguir con sus otras hijas” y ¿que hizo la familia? migrar, irse y ahí ya estás hablando de responsabilidad del Estado ¿qué dijo la fiscalía? “no, ahí ya no podemos hacer nada”.»
—¿qué va a pasar entonces con esta discusión a nivel de Naciones Unidas?
JS: «Tienen consideraciones más serias de las que nosotras pensamos, obviamente se hace necesario una discusión, va a haber una fuerte discusión. No quiero exculparlos pero los chicos o las personas que están en maras y pandillas son como el último brazo del crimen organizado, entonces es fácil apuntar hacia eso porque es como el primo pobre, el gato más flaco, son la expresión más burda del crimen organizado pero ellos no controlan toda la cadena de poder, sabemos que hay gente poderosa desde personas muy importantes. ¿A dónde va a estar la investigación de esa cadena?.»
—¿Qué está haciendo el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) en toda esta discusión?
JS: «El papel del INAM ha sido bastante silencioso. Hasta el día de la instalación de la comisión interinstitucional se pronunció al respecto, creemos que nosotras tenemos una fuerte demanda hacia el instituto, por lo menos una buena parte del movimiento, hacia el instituto nacional de la mujer porque dejó de ser el sueño que nosotras teníamos, el sueño que las feministas que nos precedieron tenían del proyecto del INAM. Dejó de responder a las grandes necesidades de las mujeres hondureñas y se ha convertido en una plataforma política para las que no esta llamada: labores de asistencia, labores de entrega de bono de vida mejor, no son acciones que le toca al instituto nacional de la mujer. El INAM es el rector de la política pública de género en el país, pero desde que lo degradaron digamos y lo pusieron a una dirección que aunque se diga ministerio es una dirección ya hay un problema.»
«Ahorita estamos en el tema de ley casa refugio y estamos con una discusión sobre si lo va a llevar el INAM o no. Nosotras, no nos negamos que sea el INAM, pero también se ha demostrado que en violencia contra las mujeres es inoperante o sea no da respuestas. Vuelvo al tema de la seguridad de las mujeres, o sea una mujer que llega a una casa refugio escapando de una situación de violencia, no podemos detenernos en procesos administrativos de cotizaciones de compras del estado en eso ya se nos han muerto mujeres. Creemos que el INAM debería tener un papel más preponderante, más beligerante y que responda a las necesidades de las mujeres. Desde hace algún tiempo este instituto viene débil pero ahora creemos que es mucho más débil, lo dijimos en la asamblea de las Naciones Unidas y sería lamentable… mira, siempre hemos tenido como cierto grado de coordinación entre organizaciones de mujeres y el INAM, a veces no nos llevamos tan bien pero caminamos, pero hoy si estamos en un proceso de crisis entre las organizaciones de mujeres y sería lamentable que el resto de lo que queda del periodo sigamos en esa crisis sin poderla resolver porque al final quien sufre, quien padece eso son las mujeres de nuestros pueblo.»
«Como vos decís, ahorita el tema (de los Derechos Humanos violentados por maras y pandillas) es así como de chiste, pero si ya hay una resolución si ya están caminando hacia eso no sé, que nos pongamos de acuerdo es difícil como cada movimiento social es diverso y cada quien tiene como sus estándares, sus procedimientos, pero sí creo que debemos entrarle al tema para ver cómo lo vamos a abordar, porque también sería lamentable que le caigan a las maras y pandillas y se llene de un montón de chiquitos acusados de pertenecer a las maras y pandillas y que no vayan a caer las cabecillas, si no los chicos reclutados más pobres.»
«Para nosotras, los grandes problemas de violación de los Derechos Humanos tienen que ver con el Estado, porque ahorita está la presencia que ha sido denunciada de grupos de sicariato de paramilitares, eso no lo están viendo o sea ¿dónde está ese núcleo? están desviando el ojo hacia las maras y pandillas y están dejando en medio como un gran lago que es el que no quieren tocar».
RELATORÍA ESPECIAL DE NNUU RECONOCE
QUE MARAS Y PANDILLAS SON VIOLADORES DE DD.HH.
En política, especialmente en política internacional, nada se mueve sin dar aviso. Así, cuando el presidente Hernandez manifestó en la Asamblea General de la ONU su decisión de “lanzar una ofensiva internacional para que Naciones Unidas reconozca que los grupos no estatales que existen en Honduras violentan los derechos fundamentales,” está dándonos un aviso, no solo de las acciones que el gobierno de hondureño tomará para cambiar la doctrina en materia de Derechos Humanos, sino de un movimiento que se da al más alto nivel en Naciones Unidas.
Según el mandatario Hernández en Honduras las maras, pandillas y narcotraficantes son “los principales” violadores de los derechos fundamentales como la vida, el derecho de acceso al trabajo, la educación y derechos económicos.
“Me parece que Naciones Unidas debe reflexionar y reinsertarse en su rol. (…) El narcotráfico en la región de Colombia, México y Estados Unidos, afecta tremendamente la vida de nosotros los centroamericanos, la mayor tragedia en pérdida de vidas humanas que ha tenido Honduras es consecuencia del tráfico de drogas.” Añadió Hernández en su exposición en la Asamblea General de las NNUU el pasado septiembre.
Ya esa intención de lanzar una ofensiva a más alto nivel fue hecha pública por el presidente en mayo pasado. En aquella ocasión su declaración a la prensa pasó sin efecto entre expertos de la materia que amparados en la doctrina reconocen al Estado como único garante y por lo tanto único violador de los Derechos Humanos, según la Declaración Universal de DDHH aprobada y proclamada por la Asamblea General de las NNUU en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
Pero esta segunda declaración hecha por Hernandez en septiembre pasado surge en un contexto distinto, un contexto en el cual la misma ONU le da la razón.
Primero debo aclarar al lector que no hay que confundir las palabras del abogado Juan Orlando Hernández, con aquellas declaraciones vertidas en la prensa por presentadores de televisión y reporteros ignorantes que señalan a manifestantes como “violadores de los Derechos Humanos de los policías antidisturbios.” Eso no existe y si se dice en la prensa, se hace por ignorancia. Lo que el presidente Hernández apunta acá es más complejo todavía, porque está ligado a principios fundamentales del concepto de Estado.
Entendiendo Estado como la organización política de un país, es decir, la estructura de poder que se asienta sobre un determinado territorio y su población; definimos que Poder, Territorio y Población son, por consiguiente, los elementos que conforman el Estado. Es importante partir de este concepto porque si uno de los tres elementos está ausente, Poder, Población y Territorio, el Estado está ausente.
Los Derechos Humanos, según la definición de las Naciones Unidas, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición.
Entre los derechos humanos de primera generación se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna.
¿A qué se refiere entonces Juan Orlando Hernández cuando señala que las pandillas violan los Derechos Humanos?
En junio de 2018 la Relatoría Especial de Derechos Humanos presentó un informe sobre su visita a El Salvador, donde examinó la situación del derecho a la vida centrándose en la privación arbitraria de vidas, las respuestas jurídicas y normativas y las violaciones del derecho a la vida por agentes no estatales, en particular las pandillas, la situación de los grupos en situación de riesgo y la prohibición absoluta sobre el aborto.
Según el reporte de la Relatoría de DDHH de la ONU, El Salvador experimenta altos niveles de violencia interpersonal y sexual generalizada: cada 19 horas se mata a una mujer; cada tres horas alguien es agredido sexualmente. En más del 70% de los casos, las víctimas son menores de edad.
La población percibe estar bajo una guerra contra la juventud del país, llevada a cabo por las pandillas y las fuerzas de seguridad. Los jóvenes se enfrentan a ser reclutados a la fuerza o asesinados por pandillas (rivales) por pisar el barrio equivocado. Las mujeres y las niñas se enfrentan al feminicidio, la violación y la explotación sexual, incluso como represalia por parte de las pandillas. La policía y los funcionarios estatales suponen que los jóvenes son miembros de pandillas en función de su lugar de residencia.
Desde principios del siglo XXI, los sucesivos gobiernos de El Salvador (como en Honduras y Guatemala) han seguido una estrategia de mano dura contra las pandillas, con la excepción de una “tregua” de dos años en El Salvador entre 2012 y 2014 que trajo un alto costo político para los que la impulsaron desde el Gobierno.
A lo largo de los años, las estrategias de seguridad en toda Centro América han seguido enfoques similares: encarcelamiento masivo, militarización de la policía y privatización de la seguridad. Estas políticas parecen no haber producido resultados tangibles en ninguno de nuestros países y, de hecho, según reconoce el informe de Naciones Unidas, pueden haber empeorado las cosas al no abordar las causas profundas de la violencia y la fuerza de las pandillas.
El gobierno ha alentado la participación pública en el desarrollo del Plan El Salvador Seguro, pero el ambiente político general no es propicio para un debate público abierto y bien informado sobre las causas de la violencia y las pandillas, ni posibles opciones políticas y alternativas al paradigma dominante de la Mano Dura. Según el informe del Relator Especial, los entrevistados dijeron repetidas veces que el “diálogo” con los miembros de las pandillas y su rehabilitación son temas casi tabú.
Kommentare